Ley de Seguridad Ciudadana: Grabar a la policía no es ilegal en España

Según la Ley de Seguridad Ciudadana: el registro policial no es ilegal en España. El Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo “no autorizado” del art. 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección a la Seguridad Ciudadana (LOPSC).

El artículo 36 de esta Ley incluye las infracciones consideradas graves. En su último punto, el artículo 23, sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales por parte de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, instalaciones protegidas o en riesgo del éxito de una operación, en lo que respecta al derecho fundamental a la información ”.

Los magistrados del Tribunal Constitucional entendieron que este artículo sanciona de manera general e indiscriminada la obtención, salvo autorización, de imágenes o datos de los agentes de las Fuerzas y Órganos de Seguridad. Lo que establece restricción previa y desproporcionada al derecho a la libertad de información consagrado en el art. 20.1 d) CE.

La censura previa requerida para el registro policial ha sido el principal motivo de inconstitucionalidad, ya que el derecho a la libertad de información es un facilitador del estado democrático. Actualmente, su ejercicio solo puede limitarse a la protección de otros derechos fundamentales (derecho al honor, a la propia imagen o protección de datos).

Ley de Seguridad Ciudadana: Dar de alta a la policía ya no es un delito grave.
Por tanto, filmar a la policía ya no es un delito grave. El registro de cuerpos y fuerzas de seguridad será un delito grave; cuando quienes capturan imágenes o datos de agentes lo hacen en detrimento de sus derechos fundamentales o bienes dignos de amparo constitucional. Esta sentencia exime de toda responsabilidad administrativa y que la sanción nunca se aplicará al mero “reclutamiento” de los agentes.

No se permitirá la divulgación de imágenes o datos de agentes y fuerzas de seguridad; si la identidad de estos funcionarios públicos pudiera verse comprometida. Pero estaría permitido si su divulgación se produjera en el marco regulado por el derecho a la Libertad de Información (sin vulnerar el derecho al honor, la propia imagen o la protección de los datos personales del agente).

La decisión del Tribunal Constitucional, dictada en Madrid, a instancia de recurso de inconstitucionalidad; fue presentado y promovido por varios grupos políticos: Grupo Parlamentario Socialista, La Izquierda Plural [Izquierda Unida (IU), Iniciativa por Cataluña Verdes-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA)], Unión Progreso y Democracia yo Grupo parlamentario conjunto.

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